Una brutal riña entre comerciantes terminó de la peor manera en Apizaco: un joven perdió parte de un dedo después de ser presuntamente mordido por su contrincante.

La víctima, identificada como Luis N., de 27 años, fue llevada de emergencia al Hospital Particular Jesús y San Juan por sus familiares, luego de resultar gravemente lesionada durante una pelea.

El joven relató a los policías que se encontraba vendiendo pantalones tipo pants cuando comenzó una discusión con otro comerciante. Los insultos rápidamente pasaron a los golpes.

Según su versión, al intentar detener la pelea abrazando al otro hombre, identificado como Irving N., vendedor de BonIce, éste habría aprovechado para morderle el dedo medio de la mano derecha hasta arrancarle parte de la falange.

La lesión fue de consideración y los médicos confirmaron una amputación parcial, por lo que requirió atención especializada.

El caso llegó a conocimiento de la Fiscalía General del Estado y agentes de investigación comenzaron las diligencias.

Mientras tanto, policías municipales emprendieron la búsqueda del señalado y finalmente lograron localizarlo y detenerlo.

Irving N. fue puesto a disposición de las autoridades, quienes deberán determinar su situación jurídica y las posibles responsabilidades por la violenta agresión.

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) detuvieron a Jesús Omar N., señalado por su probable responsabilidad en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de dos menores de edad.

De acuerdo con la autoridad, el imputado ya había sido vinculado a proceso y debía presentarse a una audiencia intermedia convocada por un Juez de Control. Sin embargo, no acudió a la cita judicial ni presentó alguna justificación por su ausencia.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó que fuera declarado sustraído de la acción de la justicia, petición que fue avalada por la autoridad judicial, la cual posteriormente giró una orden de aprehensión en su contra.

Tras diversos trabajos de investigación y localización, agentes ministeriales lograron ubicarlo en Apizaco, donde fue detenido y notificado formalmente de los derechos que le asisten como persona detenida.

La FGJE destacó que continuará actuando para garantizar que las obligaciones alimentarias sean cumplidas y que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean protegidos conforme a la ley.

Sin embargo, la intervención terminó convirtiéndose en un grave error, pues tras las verificaciones correspondientes se confirmó que el vehículo no estaba relacionado con ningún ilícito.

Testigos señalaron que durante la movilización los agentes apuntaron con armas de fuego al operador, quien fue obligado a detener su marcha mientras se realizaban las revisiones.

El incidente provocó afectaciones económicas al transportista, además de daños a la imagen de la empresa para la que labora, debido a que la unidad fue detenida públicamente bajo sospechas que resultaron ser falsas.

El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de actuación de las corporaciones de seguridad, así como sobre la efectividad de los sistemas de monitoreo e inteligencia utilizados para la identificación de vehículos presuntamente involucrados en actividades ilícitas.

Ante la emergencia, elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Marina, Sedena y corporaciones estatales desplegaron un operativo de rescate para auxiliar a ciudadanos que quedaron rodeados por el agua y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Las zonas más afectadas fueron Casa Briks, Cerrito de Guadalupe, Granjas de Guadalupe, Bulevar La Libertad, Emilio Sánchez Piedras y varias vialidades del centro de la ciudad, donde el nivel del agua dificultó el tránsito vehicular y peatonal.

Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para rescatar automovilistas cuyos vehículos quedaron atrapados en calles anegadas, mientras que brigadas trabajaron durante varias horas para liberar alcantarillas y reducir los riesgos para la población.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no arrojar basura en calles y drenajes, ya que la acumulación de residuos agravó las inundaciones en varios sectores del municipio.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan al pasado 11 de abril de 2026, cuando un hombre fue atacado con arma de fuego dentro de un establecimiento. Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Tzompantepec, donde posteriormente perdió la vida.

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público reunió diversos indicios que apuntaban a Uriel N. como probable responsable, por lo que un Juez de Control emitió la orden de aprehensión correspondiente.

Con el mandato judicial en mano, agentes de la Policía de Investigación desplegaron un operativo de inteligencia que permitió ubicar y detener al sospechoso en el municipio de Yauhquemehcan.

Ahora será la autoridad judicial quien determine su situación legal, mientras la FGJE continúa con las investigaciones para esclarecer totalmente el caso.

Según las autoridades, el caso se remonta a marzo de 2024, cuando el ahora detenido habría realizado actos indebidos contra la víctima al interior de un contexto escolar.

Luego de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se inició una investigación que permitió reunir pruebas suficientes para solicitar una orden de aprehensión ante un Juez de Control.

Elementos de la Policía de Investigación desplegaron labores de inteligencia y localizaron al sujeto en Apizaco, donde finalmente fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La FGJE aseguró que mantendrá las investigaciones y acciones necesarias para combatir delitos sexuales y garantizar justicia a las víctimas.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos se registraron el 24 de julio de 2025 en un domicilio de la colonia Cerrito de Guadalupe. Las autoridades revelaron que ambos detenidos eran personas cercanas a la víctima y presuntamente acudieron a su casa para pedirle dinero; sin embargo, al recibir una negativa, la habrían golpeado brutalmente hasta privarla de la vida.

Tras meses de trabajos de inteligencia y seguimiento, agentes de la Policía de Investigación lograron ubicarlos y detenerlos en la comunidad de San Luis Apizaquito. Ambos fueron puestos a disposición de un juez, mientras la FGJE continúa el proceso para esclarecer totalmente el crimen y garantizar justicia para la víctima y su familia.

La movilización policiaca inició tras un reporte ciudadano que señalaba la presencia de una unidad robada. Al llegar, autoridades confirmaron la situación y resguardaron el predio, dando paso a una intervención ministerial.

Durante el operativo, en el que participaron fuerzas municipales, federales y la Secretaría de Marina, se localizaron tres unidades presuntamente robadas, lo que refuerza la línea de investigación sobre una posible red delictiva.

La diligencia fue encabezada por la Fiscalía General de la República, que mantiene el inmueble bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones.

Autoridades no descartan más hallazgos en la zona, por lo que el caso sigue abierto y bajo seguimiento.

El fuego consumió rápidamente la unidad a la altura de Granjas de Guadalupe y Matlalohcan, generando temor entre automovilistas ante el inminente riesgo de explosión por los materiales inflamables que transportaba.

La zona se convirtió en un punto crítico: humo denso, llamas intensas y tránsito completamente detenido en ambos sentidos, mientras elementos de seguridad acordonaban el área para evitar una tragedia mayor.

Bomberos del estado, en coordinación con la SSC, arribaron de emergencia y tras una intensa lucha contra el fuego, lograron controlar el siniestro, evitando que las llamas se propagaran o provocaran consecuencias fatales.

Hasta ahora, el origen del incendio sigue siendo un misterio, mientras peritos trabajan para esclarecer qué provocó este peligroso episodio.

La circulación permaneció colapsada durante horas, dejando a decenas de automovilistas varados en medio del caos.

Los hechos ocurrieron en Santa Anita Huiloac, cuando oficiales intentaban controlar una pelea callejera, pero fueron rodeados por al menos diez personas que, lejos de calmar la situación, desataron una agresión brutal para impedir detenciones.

Entre gritos, caos y violencia, los agresores arremetieron sin piedad, obligando a una rápida movilización de refuerzos, incluyendo elementos de la Marina, quienes lograron contener el ataque tras momentos de alta tensión.

El saldo fue contundente: cinco detenidos —entre ellos mujeres— identificados como Yamiley “N”, Roberta “N”, Álvaro “N”, Jesús David “N” y Guadalupe “N”, además de dos vehículos asegurados.

Uno de los policías heridos tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado es reportado como grave, mientras que otros involucrados lograron escapar.

La Fiscalía ya investiga este violento episodio que dejó claro que la autoridad también puede convertirse en blanco de ataques extremos.