Elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron con gases lacrimógenos, chorros de agua y fuerza policial para dispersar a los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), quienes llevaban más de 24 horas en protesta.

Los manifestantes —productores de distintas comunidades— exigían mejores condiciones para el campo, incluyendo precios justos, acceso a créditos y reducción de costos en combustibles. Sin embargo, denuncian que la respuesta fue la fuerza y no el diálogo.

Durante el operativo se reportaron detenciones, persecuciones e incluso la desaparición momentánea de algunos participantes, lo que encendió aún más la indignación entre los inconformes.

El dirigente del movimiento calificó la intervención como un acto de represión y responsabilizó a las autoridades estatales y federales por cualquier daño a los manifestantes y sus bienes.

La protesta formaba parte de un paro nacional en al menos 13 estados, lo que refleja la magnitud del descontento en el sector agrícola.

El operativo ha generado fuertes críticas, al señalar que, lejos de resolver el conflicto, la intervención con uso de la fuerza ha incrementado la tensión social en la región.

El campo alzó la voz… y la respuesta llegó con gas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se analiza el caso con el objetivo de aplicar las sanciones correspondientes, al tratarse de una falta directa al reglamento de tránsito.

Aunque el ingreso del vehículo al estacionamiento del estadio fue permitido bajo el operativo especial “Última Milla”, la irregularidad recae en que la unidad —una camioneta Cadillac— circulaba sin placas, lo cual está prohibido para cualquier ciudadano.

El hecho no solo generó críticas en redes sociales, sino que también reavivó un tema sensible: la percepción de que algunos servidores públicos pueden actuar con privilegios por encima de la ley.

Y es que, mientras cualquier ciudadano podría ser sancionado de inmediato por una falta similar, en este caso se argumenta que la infracción requiere flagrancia para proceder en el momento, por lo que ahora se encuentra bajo investigación.

Las autoridades fueron claras: las normas de tránsito deben aplicarse sin excepciones. Porque las reglas no están hechas para unos cuantos, sino para todo el pueblo.

Este caso pone nuevamente sobre la mesa una exigencia ciudadana constante: que la ley se cumpla por igual, sin importar cargos, influencias o poder.